La presente investigación analiza el desarrollo de las capacidades institucionales de las agencias especializadas en violencia de género en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre 1996 y 2023. El trabajo parte del interrogante acerca de cómo estas agencias se fueron configurando, fortaleciendo o debilitando, a lo largo del tiempo, y qué diferencias pueden identificarse entre el accionar del Poder Ejecutivo y el Poder Judicial.

Sobre un análisis normativo, institucional y presupuestario se identificaron patrones de continuidad y ruptura en la forma que, tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Judicial incorporaron esta problemática en sus bases institucionales. El recorrido demostró que la institucionalización de políticas de género en CABA fue un proceso acumulativo, marcado con avances normativos significativos pero también con limitaciones en términos de capacidad estatal, coordinación entre agencias y sostenibilidad en el tiempo.

Entendemos que la violencia de género se ha consolidado en las últimas décadas como una problemática central en la agenda pública argentina, impulsando al Estado a desarrollar respuestas institucionales específicas. Consecuentemente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), este proceso se tradujo en la creación de agencias especializadas orientadas a la prevención, atención y abordaje de situaciones de violencia contra las mujeres. Sin embargo, la existencia de normas y organismos no garantiza, por sí sola, una respuesta estatal efectiva. Es por ello que esta tesis analiza cómo se desarrollaron las capacidades institucionales de las agencias especializadas en violencia de género en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre 1996 y 2023, poniendo el foco en las diferencias entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial.

El contexto institucional de la Ciudad de Buenos Aires

El período de análisis comienza en 1996, año en que la Ciudad adquiere autonomía política e institucional tras la sanción de su Constitución. A partir de ese momento, CABA comenzó a construir su propio entramado normativo y organizacional en materia de políticas de género. La investigación adopta un enfoque descriptivo y longitudinal, basado en el análisis de normativa, estructuras institucionales, funciones asignadas y recursos presupuestarios, con el objetivo de reconstruir la evolución de las principales agencias especializadas y evaluar sus capacidades reales de intervención.

El estudio muestra que la institucionalización de políticas de género en la Ciudad no fue un proceso lineal ni homogéneo. Por el contrario, se desarrolló de manera acumulativa, a través de decretos, leyes y resoluciones que fueron ampliando progresivamente las funciones del Estado frente a la violencia de género. Este proceso estuvo fuertemente influenciado por la presión de los movimientos feministas, los cambios en la agenda pública y la creciente visibilización social de la problemática, más que por una planificación estatal integral de largo plazo.

El rol del Poder Ejecutivo

Por un lado, en el ámbito del Poder Ejecutivo, la política de género se estructuró principalmente alrededor de la Dirección General de la Mujer, que se consolidó como la agencia central encargada de coordinar las políticas vinculadas a la violencia de género. A lo largo del período analizado, esta dependencia concentró múltiples funciones: atención directa a mujeres en situación de violencia, coordinación de dispositivos territoriales, patrocinio jurídico, acompañamiento psicológico y gestión de espacios de alojamiento de emergencia.

A partir de la Dirección General de la Mujer se desarrollaron distintos dispositivos, como los Centros Integrales de la Mujer, la línea telefónica 144 y los refugios y casas de medio camino. Estos espacios permitieron ampliar el acceso de las mujeres a servicios estatales y fortalecer la presencia territorial del Estado. No obstante, el análisis revela que esta expansión institucional no estuvo acompañada por un fortalecimiento equivalente de las capacidades estatales.

Uno de los principales límites identificados en el Poder Ejecutivo es la brecha entre las funciones asignadas a las agencias y los recursos disponibles para sostenerlas. A lo largo del período estudiado, no se observaron mecanismos sistemáticos de monitoreo, evaluación ni producción de información integrada que permitiera medir el impacto de las políticas implementadas. Asimismo, la asignación presupuestaria destinada a la Dirección General de la Mujer resultó baja en relación con el volumen y la complejidad de sus funciones, lo que afectó la calidad y la sostenibilidad de los dispositivos territoriales.

Estas debilidades se reflejan también en la existencia de desigualdades territoriales. La cobertura de los Centros Integrales de la Mujer no fue homogénea en todas las comunas, y algunos dispositivos redujeron o interrumpieron su funcionamiento a lo largo del tiempo. Como resultado, el acceso a los servicios de atención y acompañamiento estatal depende, en gran medida, del lugar de residencia de las mujeres, reproduciendo desigualdades que el propio sistema busca abordar.

La especialización del Poder Judicial

En contraste, el Poder Judicial desarrolló un conjunto de agencias especializadas con un perfil diferente. Desde mediados de la década del 2000, se consolidaron dispositivos orientados principalmente a la recepción de denuncias, la evaluación de riesgo y la investigación penal de la violencia de género. La Oficina de Violencia Doméstica se constituyó como una puerta de acceso permanente a la justicia, con atención las 24 horas y una estructura técnica especializada.

Posteriormente, la creación de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres fortaleció la capacidad de investigación penal mediante la incorporación de protocolos específicos y equipos interdisciplinarios. A su vez, el Centro de Justicia de la Mujer introdujo un modelo de atención integral que articula distintas funciones judiciales y de acompañamiento en un mismo espacio, reduciendo las barreras de acceso a la justicia. La Agencia Territorial de Acceso a la Justicia del Ministerio Público de la Defensa sumó una dimensión territorial clave, orientada a acercar el sistema judicial a sectores con mayores dificultades de acceso.

Si bien el Poder Judicial muestra una mayor especialización técnica y una continuidad institucional más estable, el análisis presupuestario también evidencia limitaciones similares a las observadas en el Ejecutivo. Cabe resaltar que en muchos casos, la información sobre el financiamiento de las agencias es fragmentaria o poco transparente, lo que dificulta evaluar si el crecimiento normativo y organizacional fue acompañado por recursos suficientes para sostener la intervención.

Un sistema institucional fragmentado

El análisis comparado entre ambos poderes permite identificar un patrón central. El Poder Ejecutivo concentra múltiples funciones y dispositivos, pero con capacidades institucionales débiles y recursos limitados. El Poder Judicial, en cambio, presenta agencias más especializadas y procedimientos más claros, pero con una intervención focalizada principalmente en la instancia de la denuncia y la investigación penal. Esta configuración produce un sistema fragmentado, en el que la respuesta estatal se encuentra fuertemente judicializada y carece de un acompañamiento integral y sostenido.

En conjunto, la investigación muestra que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desarrolló un entramado normativo amplio y un conjunto relevante de agencias especializadas en violencia de género. Sin embargo, este entramado no logra consolidarse como una política pública integral capaz de garantizar respuestas homogéneas y efectivas. La brecha entre la norma y la práctica, entre las funciones asignadas y las capacidades reales del Estado, persiste como un desafío central.

Conclusiones

El estudio concluye que fortalecer la respuesta estatal frente a la violencia de género requiere no solo la creación de nuevas agencias o marcos normativos, sino también una inversión sostenida en recursos, mecanismos de coordinación interinstitucional y sistemas de evaluación que permitan mejorar la calidad de las políticas públicas. Estos hallazgos resultan relevantes para el análisis de las políticas de género a nivel subnacional, al evidenciar los límites de los procesos de institucionalización cuando no están acompañados por capacidades estatales efectivas.

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